Gabriela Vargas G.

El pasado 29 de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México publicó las ternas que enviará al Senado de la República para la integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Llama la atención que desde la propia lista de 126 aspirantes que cubrieron los requisitos para postular, sólo veinte mujeres fueron parte de la misma, por lo que no sorprende que sólo seis de ellas hayan llegado a la recta final.


La conformación de las ternas reduce aún más sus posibilidades, pues si bien de las siete ternas, dos están conformadas sólo por mujeres para garantizar la elección de alguna de ellas, ya desde ahora sabemos que sólo dos magistraturas de tan importante institución, serán encabezadas por mujeres.
Haber incorporado una mujer en cada terna, habría abierto la posibilidad de que fuesen más, pero ahora ya sabemos que sólo serán dos, situación lamentable, ya que en el ámbito electoral, destacan diversas profesionistas con una sólida formación en la materia, que bien podrían comparecer ante el Senado y competir dignamente por ocupar esos cargos.
El TEPJF es la última instancia que valida los resultados electorales, califica la elección presidencial y protege los derechos político-electorales de las y los ciudadanos en nuestro país. Decide de manera colegiada temas tan relevantes como anular una elección, financiamiento y multas a los partidos, propaganda electoral, y más recientemente, temas de violencia política en contra de candidatas electas.
Si bien es cierto la conformación actual con una sola magistrada, no ha sido óbice para avanzar en este ámbito de los derechos político de las mujeres, seguramente la mayor presencia de magistradas impulsaría la jurisprudencia necesaria, que dé fuerza e impulso a estos temas, que cotidianamente son ignorados, o sólo son abordados de forma excepcional, en el mejor de los casos.

Ante el peso de los hechos, nos queda vigilar muy de cerca la valoración que el Senado haga los próximos días, para que sean los mejores hombres y mujeres, quienes ostenten tan importantes cargos para la protección y expansión de los derecho político-electorales en nuestro país, y donde el género cobre un interés jurídico, que aún está lejos de ser genuino.